lunes, 5 de marzo de 2018

El asesinato de Berta Caceres y la pista hacia el asesino intelectual

Cinco de los siete detenidos por el asesinato de Berta Cáceres son activos o retirados del Ejército hondureño. Varios de ellos tienen capacitación en tareas de inteligencia militar. Dos son gerentes de la empresa DESA. [HAZ CLICK PARA MAYOR FORMATO]



El asesinato de Berta Caceres y la pista hacia el asesino intelectual

POR DICK y MIRIAM EMANUELSSON

Entrevista con Salvador Zúniga, esposo de Berta Cáceres que acusa a la Fiscalía por cubrir a los autores intelectuales y el presidente Hernández por ser un hipócrita y a EEUU por saber, a través de su propia agencia de investigación quienes son los asesinos intelectuales de Berta Cáceres. Se habla también de una pista hacia el verdadero autor intelectual.





Video-entrevista con Salvador Zúniga:
https://youtu.be/PXy22Byqt-Y





TEGUCIGALPA / 2018-03-02 / ¿Quién dio la orden de matar a Berta Cáceres? ¿Quiénes son los verdaderos autores intelectuales del asesinato de una luchadora popular e indígena hondureña cuyo asesinato ha conmovido un mundo entero, un mundo que exige una respuesta a esa pregunta?

El mismo día del segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres fue detenido, cuando intentaba de salir del país, Robert David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la Junta de la empresa Desarrollo Energético de Sociedad Anónima, DESA.


Berta Cáceres. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.
La empresa y el Pentágono

En una entrevista que le hicimos a Berta desde la clandestinidad en diciembre de 2013, por que la fiscalía hondureña había expedido una orden de captura a Cáceres, acusó al presidente de la DESA, Robert Castillo de intentar de desprestigiar a Cáceres y a sobornarla. Castillo es egresado de Westpoint, EE.UU., es decir la Academia Militar de los Estados Unidos, USMA, creado 1802 y especialista en inteligencia militar. Castillo fue también asesor al Estado Mayor de las FF.AA. hondureñas.

– Entonces, agregó Berta, vemos que hay un vínculo en todos los megaproyectos hidroeléctricos o mineros con los militares, dice Cáceres.

Y no es para menos. Haz una mirada al cronograma de los detenidos, publicado por el organismo internacional Global Witness, en donde vemos que de los siete detenidos cinco son militares activos o retirados, varios tienen formación en inteligencia militar, dos son de altos gerentes de DESA.

Pero ¿son capaces de ser asesinos sin motivos?

Robert David Castillo, presidente ejecutivo

de DESA. FOTO: ATIC.
¿Qué motivo tendría Robert David Castillo de matar a Berta Cáceres, a parte que era un obstáculo para el desarrollo del proyecto de Aguasarca, ni hablar de las otras personas implicadas en el asesinato?

¿O será que hay otros personajes o sectores de la empresa o del estado hondureño que pueden ser los verdaderos autores intelectuales del asesinato, los que dieron la orden de matarla?

Hay varias declaraciones y filtraciones de la misma investigación del Ministerio Público que habla sobre comunicaciones telefónicas entre varios integrantes del clan Atala Zablah y algunos de los detenidos. Los Atala son PODER en Honduras, tienen intereses financiero-industriales y respaldaron el golpe de estado en junio 2009 que abrió el camino para entregar 50 concesiones al gran capital hondureño e internacional de minería o proyectos hidroeléctricos.

Conversamos con Salvador Zúniga, esposo de Berta Cáceres y co fundador de COPINH, El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras que habló en el plantón en el Ministerio Público del 2 de marzo, el segundo aniversario del asesinato de Berta. Confirma “la Pista hacia los Atala”. El mismo grupo de poder ha rechazado cada acusación de estar implicado en el asesinato e incluso ha defendido el gerente ambiental, Sergio Ramón Rodriguez y ha rechazado su detención hace casi dos años. Lo mismo hizo el 2 de marzo cuando fue detenido Robert David Castillo.


Salvador Zúnica, esposo de Bertha y co fundador  de Copinh. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.


“Evidencias son tan fuertes”

Se ha filtrado algunas informaciones de las investigaciones [sobre el caso de Berta C.] del Ministerio Público en el sentido que hay varias comunicaciones entre los ´gatilleros´ y algunos integrantes de la familia Atala [con el apellido Zablah, co dueño de la empresa Desa]. ¿Usted tiene algún conocimiento [por el enlace directo a Berta] sobre eso?

“Hay una investigación internacional que desarrolló un grupo independiente (Global Witness, nota del redactor). En esa investigación se establece con nombre y apellido personas que pertenecen a la Junta Directiva Desarrollo Energético de Sociedad Anónima [DESA], entre ellos uno de apellido Atala que está involucrado en la decisión que tomaron de mandar a asesinar a la compañera Berta Cáceres. De esas evidencias son tan fuertes, son más fuertes que algunos que están detenidos. Sin embargo como se trata de personas que pertenecen a grupos poderosos y fácticos el Ministerio Público, aún que tiene esa investigación, que la sacó la misma Agencia Técnica de Investigación, que son investigaciones científicas el Ministerio Público no quiere girar ordenes de captura por que el Ministerio Público está cubriendo a los intelectuales de este asesinato”.

INDÍGENA lenca en Río Blanco, el lugar de la confrontación entre el Gran Capital representado por el grupo de poder del Clan Atala y un pueblo indígena que defendía y defiende el Río Gualcarque, un río sagrado para el pueblo lenca. FOTO: DICK EMANUELSSON



Se “perdió” el expediente en la Corte de Apelaciones

¿Cuál es el principal ´corcho´ en el Ministerio Público que está subordinado del Poder Fáctico?

“El Poder Fáctico está tomando las decisiones y la paja a través del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo ordena el Ministerio Público y el Ministerio Público, que es un ente que no es independiente, en vez de seguir lo que establece la ley de ser el abogado acusador del pueblo está protegiendo a los intelectuales porque recibe líneas en un caso tremendo, que es un crimen de alto impacto pero en que han habido cosas tremendas, como por ejemplo que perdieron los expedientes de la corte de apelaciones, se ha mostrado que se iba a montar una escena (de ´caso de falda´), hay incluso agentes de la policía que están presos porque estaban haciendo evidencias falsas y hoy un grupo internacional de investigación ha determinado claramente la autoría intelectual y que ya sabe que no es que descubre este grupo independiente sino ya lo tenía en el Ministerio Público, lo que descubre el grupo independiente es, a pesar que tenían evidencias tan fuertes que son incuestionables el Ministerio Público ha sido incapaz de girar orden de captura tal como corresponde”.

El doble discurso de EEUU, sostiene Zúniga acerca el papel de la embajada y el Comando Sur que ve Honduras como el país más importante en la región centroamericana por su posición geoestratégica.


“El doble discurso de los Estados Unidos”

¿Qué lectura hace Usted sobre la declaración por parte de Juan Orlando Hernández cuando fue asesinada Berta en el sentido que Honduras ha perdido una tremenda mujer? También la participación del embajador James Nealon [EEUU] en el entierro de Berta, pese a que fueron (Berta, Salvador y el Copinh, nota del redactor) gaseados y disparados con bala viva en las afueras de la base militar (de EEUU) en Palmerola en el municipio de Comayagua.

“La lectura que hacemos es un discurso hipócrita de parte de Juan Orlando Hernández. Por otra parte los EEUU maneja de su agencia de investigación y saben perfectamente quienes están involucrados. Yo digo que está involucrado el Primer Batallón de Ingenieros del Ejército, según las evidencias. Está involucrado la misma policía. Al subcomisionado en Intibucá se le capta voces en comunicación en donde dicen que están planteándolo como un lío de ´faldas´. Es decir coincidiendo con la hipótesis que querían imponer. Sin embargo los Estados Unidos siguen financiando a la policía represiva, siguen financiando al Ejército, un Ejército que ha contribuido a violentar los derechos ciudadanos como la elección, que reprime, que asesina públicamente, que se da el lujo de poner el pie sobre la gente en estado de agonía, que no debe acercarse a nadie para que se auxilie. Es el doble discurso de los Estados Unidos y en el fondo lo que hay es una tremenda hipocresía”.

LENCAS dispuestos de defender su río como Berta, hasta las últimas consecuencias. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.


La Familia Atala y la Red de conexiones políticas de DESA
  • La documentación de DESA muestra que su junta comprende a algunas de las élites empresariales y políticas con mejores conexiones de Honduras. El secretario de la empresa, Roberto Pacheco Reyes, es exministro de gobernación y justicia del Gobierno de Honduras.
  • El vicepresidente de DESA, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es el presidente del banco BAC Honduras y miembro de una de las familias empresariales más adineradas de Honduras, los Atala.
     
  • El primo de Jacobo es el multimillonario Camilo Atala, exministro de Gobierno y propietario del banco Ficohsa, que actualmente está bajo investigación por blanqueo de dinero en Panamá. Camilo Atala también es uno de los principales inversores del polémico Indura Beach and Golf Resort.
     
  • El hermano de Camilo, José Eduardo Atala Zablah, también está en la junta de DESA y es el presidente de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana y exdirector por Honduras del banco regional Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El BCIE es uno de los principales inversores del proyecto de DESA de construcción de la presa de Agua Zarca. 
  • Otro miembro de la familia Atala, Daniel Atala Midence, es director financiero de DESA.


[Tomado de Global Witness]



REPORTAJES:

Reportaje de Rio Blanco
 (31 min): http://vimeo.com/82020819,


La entrevista con Bertha Cáceres: (61 min): http://vimeo.com/82083040,
YouTube: http://youtu.be/Yiu_G9gdQ4g










sábado, 3 de febrero de 2018

Honduras-Colombia y el camino a la reelección de Uribe y J.O. Hernández

Dos presidentes reelegidos bajo circunstancias dudosas jurídicamente. En el caso de Uribe fueron encarcelados congresistas que votaron en cambio de sobornos y ministros que facilitaron el "negocio". Mientras en el caso de Honduras, está por verse. La oposición hondureña acusa a Juan Orlando Hernández por haber comprado congresistas para facilitar la reelección.





Honduras-Colombia y el camino a la reelección de Uribe y Juan Orlando Hernández

Por Dick Emanuelsson

La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a dos congresistas, dos ministros y funcionarios del gobierno colombiano a 5-7 años de cárcel por la compra y venta de votos. Así se abrió el camino de la reelección de Álvaro Uribe en las elecciones del 2006.

  • En Honduras es enfrentado el saliente presidente Juan Orlando Hernández por similares acusaciones y por haber comprado diputados para su reelección el 26 de noviembre de 2017.
  • El órgano de anticorrupción de la OEA que opera en Honduras desde hace dos años, denuncia una Red de Congresistas. Varios de estos congresistas cambiaron de bancada y partido durante el periodo 2014-2018. Son acusados por la oposición por haberse vendido para formar una mayoría en el Congreso Nacional y dar su aprobación a una nueva Corte Suprema de Justicia que formalizó la reelección jurídicamente de Juan Orlando Hernández.
  • Elegido 2002 presidente Álvaro Uribe expresaba: “Hay que trabajar, trabajar y trabajar”, idéntica frase que expresó JOH cuando fue declarado presidente el 27 de enero de 2018. Uribe-JOH, son dos gemelos políticos y tienen los mismos aliados.
  • Esto es un paralelo histórico con Colombia y la “Yidis-Política”.
 


Álvaro Uribe Vélez compró el voto de Yidis Medina en cambio de dádivas, según la congresista. La Corte Suprema de Justicia la condenó a 47 meses.


YIDIS MEDINA ERA DIPUTADA en la Cámara de Representantes. Álvaro Uribe ganó las elecciones presidenciales en el mes de mayo 2002 y el 2004 comenzó a programar para una reelección 2006. Para eso necesitaba una reforma constitucional a través del Congreso. La correlación de fuerza no era favorable para el hombre que había sido acusado por el Ministerio de Defensa de EEUU de ser “el No 82 del Cartel de Medellín”, dirigido en esa época por el temido Capo, Pablo Escobar. Los procesos preparatorios señalaban que faltaba solo uno o dos votos para conseguir la mayoría para tal reforma.

Yidis Medina fue contactada el 2004 por Alberto Velásquez Echeverri, exsecretario de presidencia en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Ofreció dinero a Medina y dádivas de diferentes formas. También Diego Palacio Betancourt, Ministro de la Protección Social y Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia tuvieron reuniones con la diputada, y así asegurando el voto para la reelección de Uribe 2006.

A pesar que Yidis Medina se había comprometido dar su voto a la oposición para impedir la reelección de Uribe, el día de la votación en el congreso, ella volteó y votó sí. Otro congresista, Teodolindo Avendaño, que también era comprometido con la oposición, se ausentó de la votación. La reelección era un hecho consumado.

Pero ¿Qué pasó con lo pactado con Yidis-Uribe?

Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia, Diego Palacio Betancourt, Ministro de la Protección Social y Alberto Velásquez Echeverri, exsecretario de presidencia del gobierno de Álvaro Uribe, prominentes personajes delincuenciales al servicio a la reelección de Uribe. Condenados por la Corte Suprema de Justicia a 5-7 años de cárcel.


Grabó video como prueba del soborno

El 20 de abril de 2008, el canal Noticias Uno sacó una bomba política a través de un video grabado el 8 de agosto de 2004. Era el director del canal, Daniel Coronell, un personaje y excelente periodista que el presidente Uribe no podía ver ni mencionar, que publicó la entrevista que le había hecho con la representante de la Cámara esa fecha del año 2004. En el video de 2:38 minutos, Medina admite ante Daniel Coronell, haber aceptado sobornos de parte del propio presidente Álvaro Uribe y de algunos de sus cercanos colaboradores. Dice, que en el caso que la maten a ella o porque el gobierno de Uribe no ha cumplido lo pactado de dádivas, pues hay luz verde para publicar la breve entrevista. Y fue el segundo, que lo pactado no se cumplió. Lo expresó una semana antes en el diario El Espectador. Por lo tanto, Coronell y Noticias Uno publicó la entrevista del 2004.

El video es sensacional en el sentido porque ilustra la corrupción de las altas esferas del poder político en el país suramericano y cómo los intereses personales y económicos están por encima los intereses del pueblo.



VIDEO, 8 de agosto de 2004:



El “delito” no puede legitimar la reelección

El 26 de junio del mismo año, la Corte Suprema de Justicia condenó a Yidis Medina a 47 meses de prisión domiciliaría por el delito de cohecho. En la sentencia, la Sala Penal de la Corte anunciaba que enviaría la información correspondiente a los distintos organismos judiciales encargados de investigar o sancionar a los funcionarios del gobierno, presuntamente implicados y manifestaba que “la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder”, al tiempo que pedía a la Corte Constitucional revisar dicha reforma.

En la sentencia el tribunal supremo subrayó que la aprobación de la reelección fue producto de un delito, “el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal”, rezaba la sentencia, a la vez que pidió a la Corte Constitucional, si así ésta lo consideraba, revisar la legalidad de dicho acto.

Ante esta noticia, Uribe volvió casi loco y acusó a la CSJ de estar al servicio a la “extrema izquierda” y al terrorismo. Dijo que presentaría un referendo para repetir las elecciones de 2006, promesa que nunca cumplió.



“Un gobierno elegido gracias a un delito

Pero ¿podría revocar el resultado de las elecciones del 2006? Seguramente pensaron más que una vez los magistrados de la Corte Constitucional, porque si hubieran decidido revocar las elecciones 2006, habría sido un escándalo de gigantescas proporciones. Es más, en ese año Uribe tenía el respaldo de la oligarquía militarista, la guerra contra las FARC y ELN era intensa a través el operativo militar más grande durante el conflicto armado colombiano, el Plan Patriota. Al mismo tiempo el Pentágono presionaba al Poder Fáctico colombiano de entregar las siete bases militares que eran y son claves en el cerco estadounidense a Venezuela. En 2010 Uribe cumplió con esa exigencia gringa.

Por lo tanto, la presión a la Corte Constitucional era inmensa. Pocos días después se pronunció al respecto de la constitucionalidad del acto legislativo que era cosa juzgada y, por lo tanto, no podía modificar la decisión tomada en su momento [2004]. ​ El magistrado Jaime Araujo Rentería hizo salvamento de voto en el que se pronunciaba diciendo que el acto legislativo era producto de un delito y que por lo tanto:

El actual Gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico, y que por tanto se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un Gobierno que fue elegido gracias a un delito, violando las reglas básicas del juego de la Democracia y del Estado constitucional de derecho”.

Después de conocida la decisión de la Corte Constitucional de no someter a revisión la constitucionalidad del acto legislativo, el gobierno anunció que desistiría de presentar el referendo para repetir las elecciones de 2006. 



Gobierno neoliberal y Terrorismo de Estado

El gobierno derechista de Uribe se caracterizaba por realizar una ofensiva que tenía como meta de desarmar todas las conquistas sociales y económicas de la clase trabajadora. La otra tarea era desarmar las organizaciones sindicales en un país donde se asesinaban más de cien sindicalistas anualmente, encabezando la deshonrosa lista del mundo. Para eso fue designado Diego Palacio Betancourt, como Ministro de la Protección Social, un título que los trabajadores burlaban; “Protección”, ¿¡para quién!?

El aliado de los paramilitares, el ex presidente de los ganaderos con los nombres y apellidos ilustres, Sabas Pretelt de la Vega, fue designado Ministro del Interior y de Justicia por Uribe. Durante su tiempo de ministro fuimos seguidos, perseguidos y amenazados a muerte seis periodistas, entre ellos este servidor y Daniel Coronell. Los autores era un grupo ilegal adentro de la policía política secreta llamado DAS-G3.

Los dos ministros Diego Palacio Betancourt y Sabas Pretelt de la Vega fueron declarados culpables por la Corte Suprema de Justicia por ser piezas claves y facilitadores del gobierno de Uribe en este escándalo de la “Yidispolítica”. Fueron condenados a 80 meses (casi 7 años) de prisión, a una multa de 167 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2004 e inhabilitación para el ejercicio derecho y funciones públicas por 112 meses. Alberto Velásquez, exsecretario de presidencia de Uribe fue sentenciado a 60 meses de prisión.

Juan Orlando Hernández vota en ¿elecciones legítimas?


Honduras y el otro camino a la reelección

Para facilitar la reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras, no tenía algún obstáculo en el aparato judicial. Ha sido más la reacción popular en las calles que han caracterizadas las diferentes protestas en la nación centroamericana, sobre todo después de las elecciones el 26 de noviembre de 2017.

Fue la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inaplicabilidad del artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial, argumentando que restringe, disminuye y tergiversa los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana.

Es bastante contradictorio leer que la propia Sala de lo Constitucional reconoció en su sentencia que “no tiene la atribución de reformar la Constitución” y por tanto, aunque no tuvo la rigurosidad técnica de plantearlo expresamente, nadie puede ignorar que la prohibición de la reelección está contenida en un artículo pétreo que ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia pueden derogar o modificar, solo una Asamblea Nacional Constituyente.

La Corte Suprema “declara inconstitucional la Constitución”

Cuando el reportero de BBC Mundo consultó al veterano y legendario periodista salvadoreño Carlos Dada sobre la autenticidad de la reelección en Honduras, éste declara:

“Fue un proceso bastante irregular, desde el principio hasta el final”. El camino a la reelección de JOH fue allanado, no por una reforma constitucional, sino por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, declara el periodista salvadoreño, ganador del premio Maria Moors Cabot, el de mayor antigüedad que se entrega en el campo del periodismo.

“Fue un decreto loquísimo, que declara inconstitucional la Constitución”, agrega Dada. Y, según el periodista, para conseguir la sentencia a su favor, JOH primero maniobró para destituir a cuatro magistrados opuestos a la reelección “mediante una triquiñuela”, resume el periodista Dada.